Comienza el décimo juicio de lesa humanidad en Córdoba

El Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF Nº 1) de Córdoba comenzará a juzgar el martes 21 de noviembre desde las 9.30 horas a 21 represores de la dictadura cívico-militar, por crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército y la Policía de Córdoba contra 61 víctimas en los centros clandestinos de detención de Campo de la Ribera y el Departamento de Informaciones D2. En las causas “González Navarro” y “Vergez” figuran Luciano Benjamín Menéndez, Héctor Pedro Vergez, Jorge González Navarro, Ernesto Barreiro, Luis Gustavo Diedrichs, Yamil Jabour, Luis Alberto Choux, Mirta Graciela Antón y Calixto Luis Flores, entre un total de 21 acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos, homicidio, homicidio en grado de tentativa, abuso deshonesto y violación, en todos los casos agravados por la condición de funcionario público del victimario y de perseguido político de la víctima. El TOF Nº 1 estará integrado por los jueces Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier y Juan Carlos Reynaga, el fiscal Maximiliano Hairabedian representará al Ministerio Público Fiscal y se espera que declaren unos cincuenta testigos.

Fallo en el juicio a los magistrados: “Hubo una reacción corporativa”

Con dos absoluciones y dos condenas leves, la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba en la “causa de los magistrados” acusados de colaborar con el terrorismo de Estado causó indignación entre las víctimas, sus familiares y militantes de derechos humanos. Luego de tres meses de debate, el martes 7 de noviembre, los jueces Julián Falcucci, José Quiroga Uriburu y Jorge Gallino decidieron condenar a tres años de prisión en suspenso al ex juez Miguel Ángel Puga y el ex fiscal Antonio Cornejo y absolver al ex defensor oficial Ricardo Haro y al ex secretario penal del Juzgado Federal Nº 1 Carlos Otero Álvarez. Al finalizar el juicio, el público repudió al tribunal y los acusados de complicidad con las torturas y asesinatos, entre abril y octubre de 1976, de 32 presxs políticxs bajo su responsabilidad. Ex preso político y esposo de una de las fusiladas, Luis Miguel Baronetto dijo a Desafíos Urbanos: “A pesar de la gravedad de los hechos y la contundencia de la prueba, el tribunal fue extremadamente complaciente con los imputados para que no tengan que ir a la cárcel a compartir la suerte de los delincuentes”.

Sentencia en el juicio a los magistrados acusados de complicidad con la dictadura

Descripción

El martes 7 de noviembre desde las 10, los jueces Julián Falcucci, José Quiroga Uriburu y Jorge Gallino emitirán la sentencia en el juicio contra los ex funcionarios judiciales acusados de complicidad con el terrorismo de Estado en Córdoba. La fiscalía pidió las penas de siete años para el ex secretario penal Carlos Otero Álvarez, cinco para el ex juez Miguel Ángel Puga y el ex fiscal Antonio Cornejo y dos para el ex defensor oficial Ricardo Haro, acusados de encubrimiento, violación de los deberes de funcionario público e incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes. Los defensores alegaron que los funcionarios creyeron de “buena fe” las versiones del Tercer Cuerpo de Ejército sobre los fusilamientos colectivos de presxs políticxs justificados con el pretexto de falsos intentos de fuga. La Comisión de Homenaje a los Presos Fusilados de la UP1 y los organismos de derechos humanos de Córdoba convocan a manifestar frente a la sede del tribunal, en Hipólito Yrigoyen 670 (Esquina Crisol).

Juicio a los magistrados

Desde el 25 de julio, cuatro ex funcionarios judiciales están siendo juzgados por su complicidad con los secuestros, torturas y asesinatos de presos políticos a disposición de la Justicia Federal en 1976. En el hasta ahora único juicio de lesa humanidad iniciado en Córdoba contra el componente civil de la última dictadura, el ex titular del Juzgado Federal Nº 2 Miguel Ángel Puga, el ex fiscal Antonio Sebastián Cornejo, el ex secretario penal del Juzgado Federal Nº 1 Carlos Otero Álvarez y el ex defensor oficial Ricardo Haro, están acusados de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de perseguir  a delincuentes y encubrimiento de delitos contra la humanidad.