Tres de cada diez personas no saben que viven con VIH

Foto: ONU-Sida América Latina

El Virus de la Inmunodeficencia Humana (VIH) puede generar una infección crónica que deteriora el sistema inmune. 126 000 personas viven con él en la Argentina pero el 30% lo desconoce. Esto dificulta el acceso a un diagnóstico temprano y un tratamiento efectivo que posibilite una buena calidad de vida. Por ello, la comunidad organizada en torno al tema reclama políticas públicas efectivas para la detección y antirretrovirales que disminuyen la carga viral y dificultan el contagio.  Algunos test pueden descartar la presencia del virus en tan sólo 10 minutos ya que no genera síntomas per se y es importante poder identificarlo. Son los llamados “test rápidos” que necesitan de una gota de sangre; en caso de reactivo positivo hay que confirmar el resultado mediante análisis de laboratorio, pero no generan falsos negativos. Por eso las organizaciones civiles promueven estos testeos en la vía pública, las mismas que advierten que el Gobierno nacional está dificultando el acceso al medicamento, al entregar pequeñas dosis que obligan a los pacientes a asistir una y otra vez a los centros de salud. A pesar de que haya diferentes vía de trasmisión, el 96% de las personas obtuvieron el virus al tener relaciones sexuales sin preservativo. La propagación heterosexual aumenta año a año y según datos del Ministerio de Salud de la Nación se está dando un proceso de “feminización” de la epidemia; cada vez hay más mujeres que viven con el virus y el 90% de ellas lo contrajo de su pareja estable. Contar con información confiable es el mejor camino para prevenir la trasmisión, por ello, el Ministerio de Salud habilitó la líne 0800 3333 444 de Salud Responsable para responder consultas sobre Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS). La información puede terminar también con el estigma que difunde mitos sobre la peligrosidad del virus que repercute en las condiciones sociales y laborales de las personas que viven con VIH y generan temor.

Hospital Córdoba: represalias a residentes en lucha

Foto: Colectivo de Residentes

En el marco del plan de lucha que vienen llevando a cabo lxs residentes del Hospital Córdoba por la mejora de sus condiciones laborales, algunxs de estxs trabajadorxs comenzaron a recibir notas, llamadas “corre vista”, que son una suerte de sanciones por escrito, firmadas por Roberto Beretta Caminos, Jefe de Recursos Humanos, en donde se los intima a cumplir las nuevas guardias. En caso contrario, existe riesgo de suspensiones y/o despidos. Esto ocurre en el contexto del nuevo reglamento presentado por Sergio Metrebian, Director General de Capacitación y Formación en Salud, que no solamente ignora el reclamo de los residentes de ser reconocidos como trabajadores, sino que además modifica el sistema de guardias, según aseguran lxs afectadxs a esos servicios: “Básicamente, esto implica usar a los residentes como de mano de obra barata para tapar los baches de la guardia”.

La Provincia adhirió a la cuestionada Cobertura Universal de la Salud

El Gobierno de la Provincia de Córdoba firmó la adhesión a la Cobertura Universal de la Salud (CUS), según confirmó el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, al inaugurar un centro de salud en la capital. A través de esta reforma, aprobada por decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno nacional pretende generar un sistema “más eficiente”, pero los expertxs y profesionales de la salud aseguran que cambiará la perspectiva de derechos por una lógica mercantil. El plan incluye la implementación de un carnet, que operará como seguro de salud para las personas que no cuentan con cobertura médica propia, privada o sindical. El carnet permitirá acceder a una “canasta de prestaciones” en todo el territorio argentino, tanto en el sector público como en el privado. No obstante, movimientos sociales y trabajadorxs de la salud denuncian que el acceso a la salud ya es universal, formal y gratuito según se afirma en el artículo 42 de la Constitución Argentina.

Vecinos de la zona sur reclaman la erradicación de Porta Hermanos

Foto: VUDAS

Vecinxs de los barrios del sur de la ciudad vienen reclamando la erradicación de la fábrica de bioetanol de Porta Hermanos, por los graves problemas de salud ocasionados por los desechos químicos de la planta que no cuenta con las habilitaciones previstas en la ley. A partir del amparo presentado por 23 personas afectadas contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y la empresa Porta, el 7 de agosto se realizó una audiencia en el Juzgado Federal N°3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja. Tras haber intentado impugnar la audiencia en tres ocasiones, las autoridades de Porta Hnos no se presentaron y tampoco asistió el Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Silvia Cruz, integrante de Vecinxs Unidxs en Defensa de un Ambiente Seguro (VUDAS) manifestó a Desafíos Urbanos: “Estamos en riesgo no solo por contaminación sino por muerte por catástrofe, porque el producto que se realiza es alcohol, altamente inflamable. Son más de  100.000 litros de bioetanol, pegadito a nuestras casas”. A más de tres meses de la audiencia, lxs habitantes afectados esperan que la Justicia se pronuncie antes de fin de año: “Le pedimos al juez que ampare nuestro derecho a una vida digna y a la salud, establecido en el artículo 41 de la Constitución”. Además, Cruz señaló que fue bloqueada la página de Facebook de la organización -la nueva se titula “Afuera Porta”- y que “hay un cerco mediático, porque no quieren que se sepa el bioetanol es contaminante y acá la gente se está muriendo por eso. Por eso reclamamos que trasladen la empresa muy lejos de zonas urbanas”.

Alerta ante la modificación por decreto de la Ley de Salud Mental

Unos cuarenta colectivos de usuarixs, científicxs y profesionales de la salud mental denunciaron una inminente modificación por decreto de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, que anulará su perspectiva de derechos humanos, reinstalará al manicomio como centro del sistema y habilitará el aislamiento de los "enfermos" mentales. El proyecto impulsado por la Dirección Nacional de Salud Mental sostiene a la institución monovalente al hablar de “hospitales especializados en psiquiatría y salud mental” y retorna al ya superado modelo tutelar de sustitución de la voluntad “al reconocer expresamente que una persona puede ser declarada completamente incapaz”. En un documento, las entidades solicitaron “al presidente de la Nación Mauricio Macri que no firme el decreto que será tachado de inconstitucional, y al Ministro de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein, que cumpla con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y asegure la participación de las organizaciones de usuarios/as de servicios de salud mental y de personas con discapacidad en forma previa a la aprobación de los actos administrativos que las afecten”. A su vez, el Colegio de Psicólogos de Córdoba expresó su preocupación por “el cambio en la concepción de la salud mental, la pérdida de la garantía de derechos de las personas con consumo problemático, el abandono del enfoque comunitario y territorial, el restablecimiento de la hegemonía psiquiátrica en desmedro de la transdisciplina, las restricciones al abogado defensor, la posibilidad de penalizar a las familias de los/as usuarios, la no prohibición de las salas de aislamiento y la pérdida de autonomía del Órgano de Revisión”.

Más allá de los muros

A casi siete años de la aprobación de las leyes de Salud Mental, persisten en la provincia de Córdoba obstáculos institucionales que atentan contra los objetivos de igualdad, autonomía y protagonismo para lxs usuarixs de salud mental. Por esta razón, el pasado 6 de octubre se realizó en Córdoba la 4º Marcha por el Derecho a la Salud Mental. La psicóloga Claudia Huergo señaló a Desafíos Urbanos que el espíritu de la ley está centrado en transformar el sistema “hospital céntrico”, que concibe a la medicación e internación como los únicos dispositivos terapéuticos. “Si todo se focaliza en este sistema, entonces en el 'afuera' sólo hay abandono. La ley plantea que hay otras alternativas al encierro y a los muros, como las Casas de Medio Camino, los Centros de Día, de noche, etc. Se intenta pensar un abordaje terapeútico donde el eje se corre de lo hospitalario a lo comunitario, tratando de transformar las prácticas y las lógicas manicomiales”, dice Huergo.

Residentes: profesionales médicxs no reconocidxs como trabajadorxs

Lxs residentes, concurrentes y en año previo (requisito de rotación de un año en clínica médica, cirugía general, etc. para ingresar a ciertas residencias de especialización médica) son profesionales enmarcados en un sistema de Becas de Formación en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Algunos están organizados en el Colectivo de Residentes-Trabajadores en Salud (CRTS), que en 2016 presentó ante el Director General de Capacitación y Formación en Salud, Sergio Metrebian, una reforma del Reglamento de Residencias. Sin embargo, en la actualidad reclaman que el nuevo reglamento no contempla las peticiones sugeridas y que durante el 2017 las autoridades cortaron el diálogo. El CRTS señala que lxs residentes y concurrentes sostienen en gran medida el sistema sanitario provincial, soportando extenuantes jornadas laborales con “salarios miserables”, en el caso de los residentes. Más grave es la situación de los concurrentes y en “año previo”, porque tienen equivalente carga horaria y tareas, a pesar de que son cargos no remunerados. En promedio, trabajan de 60 a 80 horas semanales. En la actualidad lxs residentes perciben una remuneración de $15.500, lo que arroja un promedio de $64 la hora de trabajo.

Marcha por la salud mental

El viernes 6 de octubre se realizará en Córdoba la 4º Marcha por el Derecho a la Salud Mental, en reclamo de una política integral y por la vigencia de la ley nacional 26657 y la ley provincial 9848, que prevén la transformación del modelo manicomial a un sistema integrado y comunitario de atención de lxs usuarios de salud mental. Además, las 40 organizaciones sociales, profesionales y políticas convocantes denuncian la situación de abandono en los hospitales provinciales. La movilización partirá de Colón y La Cañada a las 18 horas, con el lema “Que se escuche nuestro canto, por la Dignidad estamos luchando”.