Nuevas denuncias de abuso sexual infantil en Córdoba

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Un profesor de jardín de infantes de Córdoba fue denunciado por presuntos abusos sexuales sin acceso carnal a niñxs de entre tres y cuatro años. El docente cumplía una suplencia de tres meses en una escuela privada. Los casos habrían ocurrido entre julio y septiembre pasados y las 18 denuncias surgen a partir de los relatos de lxs niñxs y los signos de su lenguaje corporal: “Se hacían pis y caca encima, sufrían llantos compulsivos, cambios en la personalidad y se comenzaban a aislar", según declaró el abogado de los padres, Carlos Nayi. El acusado fue apartado de la entidad educativa, y reubicado en tareas administrativas. La fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual, a cargo de Ingrid Vago, trabaja en el caso.

Despidos en Fadea

La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) denunció a fines de septiembre que 96 trabajadores serían cesanteados de la Fábrica de Aviones Brigadier San Martín (Fadea) en Córdoba, en el marco de un proceso de “reestructuración”. Los despidos fueron repudiados por la CGT Regional Córdoba, la CGT Rodríguez Peña y la CTA, que protestó frente a la planta. Luego de una negociación, las cesantías quedaron en suspenso, salvo en seis casos en los que la empresa adujo “baja productividad” . El sindicato señaló que desde que en abril de 2016 asumiera la presidencia el empresario Ercole Felippa, el plantel de trabajadores se redujo de 1.400 a 980. El propio Felippa informó a la prensa que en el primer año de su gestión se desvinculó a más de 400 trabajadores mediante jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios con el acuerdo de los gremios.

Intimidación "al aire" en Radio Nacional Córdoba

El director de Radio Nacional Córdoba, Orestes Lucero, increpó al aire a la periodista Fabiana Bringas, por haber entrevistado a María Isabel Huala, madre del detenido líder mapuche Facundo Jones Huala. “No puedo entender por qué desde la producción o usted desde la conducción dan entidad en un día preelectoral y en un hecho eminentemente político a la madre de Jones Huala”, reprochó el responsable de la emisora pública, que calificó como “periodismo militante, tendencioso y subjetivo” a la nota del programa Sólo por hoy. Luego de advertirle que “hablaremos ahora al mediodía”, ordenó que los hechos deben ser “debidamente cronicados con entidades y representantes, que podamos saber qué entidad tienen para hablar” y “si no la encuentran a la ministra (Patricia Bullrich), no sacan una sola campana”. El episodio generó el inmediato repudio del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) de la UNC, el colectivo Ni una menos, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista (PAR) y la asamblea de trabajadores de Radio Nacional Córdoba. La directora general de la radio pública, Ana Gerchenson, aseguró que “la periodista sigue al frente de su programa” y “no hubo censura de ningún tipo”.

Cierre de Centro de Jubilados en Barrio Observatorio

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El Centro de Jubilados y Pensionados de Barrio Observatorio, que funcionaba  en el Club Social y Deportivo Paraguay Central de la ciudad de Córdoba, cerró por razones económicas. El lugar atendía entre 70 y 100 jubilados, que ahora tienen restringido el ingreso al edificio. Una de las vecinas jubiladas declaró que se quedaron sin sede porque alguien que indica ser el dueño del lugar, les exige el pago de un alquiler para que siga funcionando. Profesoras que dictaban clases de gimnasia, folclore, entre otras actividades y médicos de PAMI, no pueden desarrollar sus tareas. La doctora, que asiste a los jubilados en ese lugar los lunes y viernes, indicó que el conflicto se debe al inminente cambio de la comisión directiva dentro del Club.

El 70% de las noticias sobre migrantes son vinculadas a hechos policiales

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En el marco de la semana de la diversidad cultural, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual presentó los resultados de un monitoreo de noticieros de TV abierta (2013-2016). El relevamiento tiene como objetivo avanzar en la generación, circulación y difusión de conocimientos específicos sobre el campo audiovisual. Los resultados indican que en los canales América, Canal 13, Televisión Pública, Canal 9 y Telefé, el 70,7 de las noticias sobre migrantes se asocian a hechos policiales. De las 238 noticias analizadas, 140 ocurrieron en el ámbito nacional y 99 estuvieron vinculadas a hechos policiales, 56 construyeron al migrante como delincuente, 27 como víctima y 16 lo asociaron a ambos roles.

Medidas de fuerza en el Polo de la Mujer

A principios de octubre, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de la provincia (AGEPJ) anunció medidas de fuerza en el Polo de la Mujer por inadecuadas condiciones laborales y edilicias. Lxs trabajadorxs del organismo que se encarga de delitos de violencia familiar y contra la integridad sexual consideran agotado el plazo solicitado por las autoridades del Ministerio Público Fiscal. A dos meses del planteo formal y sin respuestas satisfactorias, denuncian que el trabajo de lxs médicxs se triplicó y que el exiguo plantel de profesionales se desbordó. Reclaman también “la ausencia de condiciones adecuadas para resguardar las pruebas” que constatan científicamente los delitos. Según lo declarado por lxs entrevistadxs, las muestras, irreproducibles, se guardan en un baño de uso común con riesgo de contaminación o inutilización. Consideran que no se está resguardando el derecho de la sociedad “a un servicio de justicia que atienda como es debido” éstos delitos.

Carreros reclaman por mejores condiciones laborales

Las cooperativas de Carreros y Recicladores “La Esperanza” y “La Igualdad” encabezan, desde hace semanas, una serie de protestas en las Municipalidad de Córdoba y el Ministerio de Desarrollo Social, por mejoras en sus condiciones laborales. Reclaman un salario adicional al incentivo de becas que otorga el municipio y una extensión del convenio para cambiar sus caballos por motocargas. En la ciudad de Córdoba cerca de dos mil familias viven de los carros, pero el acuerdo entre la Municipalidad y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para facilitar los vehículos se limita a las cooperativas que integran el Programa Municipal de Servidores Urbanos (PMSU), que incluye a menos de la mitad.

Otra víctima de “gatillo fácil” en Marqués Anexo

En un nuevo caso de “gatillo fácil”, un joven de 17 años murió baleado por la espalda por un policía en el barrio Marqués Anexo de Córdoba Capital. A las 11.30hs del 11 de octubre, Walter Ezequiel Varela escapaba de dos policías que le dispararon cuando intentó saltar el alambrado y guarecerse en su casa. Con un balazo en el lado izquierdo de la espalda, un vecino lo llevó hasta el Hospital Infantil donde falleció. El fiscal a cargo del caso, Iván Rodríguez, imputó al cabo Carlos Jaime por “homicidio agravado por uso del arma de fuego”, pero el presunto victimario permanece en libertad. La versión policial afirma que Varela había asaltado a una mujer y cuando los uniformados lo detenían se resistió con un arma de fuego. Según el testimonio de varios vecinos, los policías intentaron apresarlo sin motivo, el joven huyó, le tiraron varias veces y luego de abatirlo los mismos uniformados arrojaron un arma en el lugar.

Implementación de la Ley de Educación Sexual Integral

A partir de la sanción de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) 26.150 en octubre de 2006, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba inició una serie de acciones y estrategias, con el compromiso de concretar su implementación en las escuelas de la provincia. El concepto de sexualidad propuesto excede ampliamente al de “genitalidad” o “relación sexual”, ya que la considera una de las dimensiones constitutivas de las personas, relevante para su bienestar, que abarca aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Experiencias concretas muestran los beneficios de poder trabajar la ESI con lxs estudiantes, pero se cuestiona la baja implementación y el material que algunas escuelas privadas están utilizando.

Reforma de la ley de bosques

En diciembre de 2016, el Gobierno de la Provincia inició un proceso legislativo para modificar la ley provincial Nº 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, para reducir las áreas protegidas por la ley nacional 26.331 y habilitar el desmonte selectivo con químicos, con el fin de destinar más tierras a la ganadería. Entre otras medidas, las hectáreas de monte incluidas en zona roja (de máxima protección) se reducirían de 2.393.791 a 1.186.443,18 (más del 50%). La movilización de las organizaciones ambientalistas logró frenar al proyecto hasta la fecha, pero continúa vigente con el apoyo de Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), la Federación Agraria (FAA) y la Sociedad Rural (SRA).

Juicio a los magistrados

Desde el 25 de julio, cuatro ex funcionarios judiciales están siendo juzgados por su complicidad con los secuestros, torturas y asesinatos de presos políticos a disposición de la Justicia Federal en 1976. En el hasta ahora único juicio de lesa humanidad iniciado en Córdoba contra el componente civil de la última dictadura, el ex titular del Juzgado Federal Nº 2 Miguel Ángel Puga, el ex fiscal Antonio Sebastián Cornejo, el ex secretario penal del Juzgado Federal Nº 1 Carlos Otero Álvarez y el ex defensor oficial Ricardo Haro, están acusados de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de perseguir  a delincuentes y encubrimiento de delitos contra la humanidad.

Datos sobre pobreza en Córdoba

Luego de un semestre de desacuerdos entre los gobiernos nacional y provincial, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba publicaron en la última semana de septiembre sus respectivas mediciones sobre la pobreza en el territorio cordobés. Los resultados arrojados por el ente nacional indicaron que un 30,7% de la población está bajo la línea de pobreza, teniendo en cuenta los ingresos monetarios por grupo familiar censados en el último trimestre por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Por su parte, el ente provincial asegura que la pobreza integral afecta al 30,3%, si a la EPH se le suma la asistencia del Estado a partir de programas sociales y subsidios impositivos, entre otras variables de asistencia.

Amenaza de desalojos en Anisacate

La organización Vecinos de Anisacate en Defensa de la Tierra logró frenar las órdenes de desalojo contra cinco habitantes del asentamiento de barrio Villa Río en Anisacate, libradas por el fiscal de Alta Gracia Emilio Drazile. El plazo vencía el viernes 13 de octubre, pero los abogados de los vecinos presentaron un recurso en el que señalan incongruencias de la denuncia y el desalojo quedó en suspenso. Las personas intimadas son parte de las 17 familias que desde 2009 se asentaron en esas tierras fiscales, en litigio desde la venta -denunciada como fraudulenta- a la firma Impetra SA en 2015. Lxs habitantes procuraron abonar los impuestos y servicios a fin de acreditar su derecho posesorio, pero “la Municipalidad de Anisacate nunca lo permitió”, relató Mariana Martínez a Desafíos Urbanos. El resultado fue la judicialización y el hostigamiento policial: “Tenemos compañeros a los que les han pintado los dedos, porque nos acusan de violentos, hippies y subversivos”. Lxs vecinxs convocan a una jornada de resistencia y solidaridad, el jueves 19 de octubre desde las 16 horas, en la rotonda Katonga de Villa Río, Anisacate.

Radio comunitaria Zumba la Turba denuncia interferencias

Lxs trabajadorxs de la radio comunitaria Zumba la Turba presentaron el 5 de octubre una denuncia ante el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), por las interferencias que viene sufriendo su señal por parte de Radio Rivadavia Córdoba. Zumba la Turba trasmite desde 2009 para Córdoba Capital por FM 99.5 y en 2015 fue avalada legalmente por la Resolución 1102/2015 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). La radio, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), prioriza una programación popular y comunitaria, y mantiene vínculos con organizaciones sociales y políticas, sindicatos, agrupaciones estudiantiles y movimientos culturales de toda la provincia.

Allanamientos a organizaciones sociales y políticas

El jueves 31 de agosto, la Policía de Córdoba allanó partidos políticos, organizaciones sociales y centros culturales. La orden fue librada por el fiscal Gustavo Dalma, luego de los incidentes que sucedieron en la 3° Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil. La lista de organizaciones allanadas coincide con las que el 31 de mayo firmaron una denuncia contra la violencia institucional y el rol de los fiscales en los casos de gatillo fácil en Córdoba. El operativo se realizó un día antes de la movilización que se convocaba a un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. La policía se llevó banderas, bombos, carteles, volantes y otros elementos vinculados al reclamo de su aparición con vida. Tres personas fueron detenidas y luego de unas horas recuperaron su libertad.

Incendios en Córdoba

Entre junio y agosto pasado varios focos de incendio en zonas serranas de la provincia afectaron a alrededor de 10.000 hectáreas (8.000, según estimaciones oficiales), y obligaron a evacuar o autoevacuarse a varios centenares de personas. Los siniestros “en la mayoría de los casos fueron intencionales”, aseguró el secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de la provincia, Claudio Vignetta, y se desarrollaron en los valles de Paravachasca, Calamuchita y Punilla. La más dañada fue la reserva La Calera, donde 1.500 hectáreas fueron arrasadas por el fuego. Actualmente, rige un alerta máxima por riesgo de incendios en áreas serranas.

Toma de tierras

La toma de tierras en Córdoba, como modo de acceder a una vivienda y un hábitat dignos por parte de la población más vulnerable, es un proceso que se desarrolla desde hace décadas. La falta de respuestas integrales de acceso al hábitat para estas poblaciones, desde los distintos ámbitos estatales, deja en evidencia la inexistencia de políticas públicas que permitan una adecuada distribución de estos recursos entre la población. Por lo general, los conflictos permanecen largo tiempo, con penurias y carencias de servicios básicos, y derivan en la criminalización de sus protagonistas.

Marcha por la salud mental

El viernes 6 de octubre se realizará en Córdoba la 4º Marcha por el Derecho a la Salud Mental, en reclamo de una política integral y por la vigencia de la ley nacional 26657 y la ley provincial 9848, que prevén la transformación del modelo manicomial a un sistema integrado y comunitario de atención de lxs usuarios de salud mental. Además, las 40 organizaciones sociales, profesionales y políticas convocantes denuncian la situación de abandono en los hospitales provinciales. La movilización partirá de Colón y La Cañada a las 18 horas, con el lema “Que se escuche nuestro canto, por la Dignidad estamos luchando”.

Aplicación del Código Contravencional

El 2 de diciembre de 2015 la Legislatura aprobó el nuevo Código de Convivencia Ciudadana y derogó el viejo Código de Faltas. La norma pretende ser una herramienta superadora para regular las conductas y hábitos de lxs ciudadanxs. Sin embargo, sigue funcionando como un medio de discriminación y vigilancia hacia los sectores populares. La modificación implicó avances al eliminar ciertas figuras polémicas, como el “merodeo urbano”, aunque dejó vigente el “merodeo rural” y agregó la también controvertida figura de “conducta sospechosa”. La Marcha de la Gorra, que se realiza cada año en protesta contra el abuso policial amparado en las normas contravencionales, ya lleva diez ediciones.

Conflicto de UTA Córdoba

En junio de 2017 se desarrolló durante 10 días un paro de transporte urbano en la ciudad de Córdoba. Los chóferes de colectivos y las chóferes de trolebuses reclamaban mejores condiciones laborales y rechazaban el acuerdo firmado en paritarias por Unión Tranviarios Automotor nacional, que contemplaba un aumento del 21% dividido en tres cuotas. El Ministerio de Trabajo de la provincia decretó la conciliación obligatoria y las empresas contrataron a chóferes sin experiencia para reemplazar a los trabajadores en huelga. El conflicto terminó con 182 chóferes despedidos, la revocación de mandato de tres delegadas de (Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado (Tamse) y la destitución de siete delegados de la empresa Aucor.