La intervención por decreto del ente regulador de la comunicación audiovisual implicó la derogación parcial de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 sancionada por el Congreso en 2009. La promesa de una nueva regulación que actualice la normativa vigente por ahora es una vía libre al avance empresarial, la concentración de medios y una nueva discriminación de los actores sociales históricamente excluidos de la comunicación masiva. En paralelo, se agrava la precarización y la conflictividad en la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras de prensa.
